Con la mecha encendida

La de seguridad en TIC va camino de convertirse en una gran industria también en España, a lo que no es ajeno el hecho de que los usuarios, como consecuencia del emprendimiento de proyectos y del cumplimiento de normas legales, hayan empezado a demandar productos y servicios concretos con más insistencia que en el pasado. Los mercados más favorecidos han sido los de sistemas de detección de intrusiones, herramientas tecnológicas para autorizaciones y control de los accesos, soluciones corporativas antivirus y administración de la seguridad. La criptografía y la PKI, que solucionan la necesidad de varios servicios de seguridad en el contexto de las relaciones telemáticas principalmente, van a explotar este año –al decir de los analistas– tras haber inspirado numerosas iniciativas durante 2000, ya en el contexto de aplicaciones específicas, ya en el de acciones corporativas de mayor amplitud.
En este escenario, las compañías de servicios profesionales también han visto crecer su actividad en las áreas de seguridad y protección. Algunas, incluso, no han podido atender toda la demanda por andar cortas de expertos suficientes. Este asunto es muy delicado, porque como ya se dijo en su momento, tal carencia afecta tanto a usuarios como a prestadores y proveedores de tecnología. Una tendencia persistente en la materia puede llevarnos a todos al desconcierto.
Digno es reconocer, también, que las obligaciones de cumplimiento de la legislación sobre protección de datos han favorecido de un modo determinante el crecimiento del ramo de seguridad en todas sus vertientes o manifestaciones: políticas, normas, procedimientos, herramientas... Y todo parece indicar que en esa línea se va a seguir.
Casi podríamos afirmar que en España, 2001 es el primer año que ha nacido con la mecha del mercado de la seguridad encendida. La previsión de esta realidad ha motivado la implantación directa en nuestro territorio de algunas multinacionales especializadas, y la incursión indirecta de muchas otras, que antaño consideraban a este país como yermo en la materia. Ya no puede enjuiciarse así, sobre todo con las facturaciones que algunas compañías han anunciado en sus áreas de seguridad para los negocios: 1.800 millones, 1.500 millones, 1.300 millones, 800 millones... Además, es precisamente en el área de seguridad donde dichas compañías han registrado el mayor incremento porcentual de cifra de negocio.
Sin embargo, queda aún un largo camino por recorrer. Como botón de muestra baste mencionar que este año que empieza debería ser un paradigma en materia legislativa. A la tan esperada ley de comercio electrónico debe sumarse la redacción de la ley de firma electrónica y sus posteriores desarrollos, acerca de los que tanto tiene que decidirse en la UE. Algunas otras piezas, que quedaron apuntadas en la anterior legislatura –como la alusiva a un reglamento de seguridad y confidencialidad en servidores web–, quizá se reactiven.
En lo concerniente a la protección de datos, la argumentación en base a la cual el Tribunal Constitucional decidió declarar contrarios a la Constitución determinados puntos de dos artículos y un apartado de la LOPD, ha abierto la polémica sobre el derecho a la protección de datos. La transcendencia que el nacimiento de este derecho va a tener para titulares de ficheros públicos y privados, se irá viendo en los próximos meses.
Mientras tanto, conviene que en este país no nos quedemos sin fluido eléctrico como en California. No olvidemos –como dijo jocosamente un directivo informático en el curso de una reciente conferencia–, que «en última instancia, la PKI funciona con electricidad».

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