Política modelo de firma electrónica y seguridad documental para el sector público de Cataluña

Las Administraciones Públicas se encuentran obligadas al cumplimiento de las obligaciones de seguridad documental que establece la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo. En concreto, la reglamentación vigente obliga a todas las Administraciones Públicas a formular una política de firma electrónica (artículo 18.2 del Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad) y una política de seguridad de la información administrativa (artículo 11.1 del Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional de Seguridad). La existencia en el contexto de un cuerpo de conocimiento de libre acceso, creado por Astrea, en este caso diseñado y adaptado al marco regulatorio del sector público de Cataluña, contribuye a aportar guía y acompañamiento en la adopción del documento electrónico, clave de la Administración electrónica.

Ignacio Alamillo
Director General Astrea
La Infopista Jurídica SL


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